En El Salvador, una joven
enferma y embarazada corre el riesgo de morir por la celosa aplicación
de unas leyes que tienen como finalidad preservar el derecho a la vida.
Beatriz, nombre supuesto, tiene 21 años y 20
semanas de un embarazo que los médicos recomiendan que interrumpa porque
es poco probable que lo sobreviva: padece Lupus Eritematosos,
insuficiencia renal, preclancia e hipertensión arterial.Además el feto ha sido diagnosticado con anencefalia (ausencia de buena parte del cerebro) por lo que morirá apenas al nacer.
Pero en El Salvador el aborto está prohibido en toda circustancia. Así que si Beatriz se lo practica será procesada criminalmente, ella y los médicos que la atiendan.
El agravante en este caso es que las instancias que podrían facilitar la solución del caso no han dado una respuesta que, mientras más tarda en llegar, más complica el cuadro de salud para Beatriz.
La ley salvadorena estipula que quien practique un aborto o la mujer que se someta a una operación de tipo pueden ser encarcelados hasta por 50 años.
El caso de Beatriz ha provocado una intensa polémica en el país centroamericano. Las iglesias católica y evangélicas, además de organizaciones civiles como Sí a la Vida, aseguran que el caso es una fachada para legalizar el aborto en el país.
Pero la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, asegura que se trata es de proteger la vida de Beatriz
"Es importante actuar de urgencia conforme a lo que la ciencia médica ha establecido. Hemos hecho la recomendación de que la interrupción del embarazo de la joven por parte del cuerpo médico es un acto justificado, le dijo a BBC Mundo Georgina de Villalta, procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez de la procuraduría.
"Hemos hecho la recomendación de que la interrupción del embarazo de la joven por parte del cuerpo médico es un acto justificado"
Georgina de Villalta, procuradora adjunta de Derechos Humanos
La joven y su familia viven en Jiquilisco, una zona rural de El Salvador. El niño necesita terapia de estimulación pues por el nacimiento prematuro aún no es capaz de caminar.
Pero hace un mes interrumpió el tratamiento porque su mamá fue hospitalizada, y su papá tuvo que viajar con él a la capital del país para acompañarla.
Georgina de Villalta recuerda que es fundamental garantizar "el derecho a la superviviencia, el crecimiento óptimo y el desarrollo integral" de este niño. Y para eso es fundamental que su madre siga con él.
El abogado Dennis Muñoz, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador solicitó a la Corte Suprema de Justicia un amparo que permita inducir el parto.
"Pedimos a la Corte la autorización legal para interrumpir el embarazo y salvar de esta manera la vida de ella", explicó Muñoz a BBC Mundo.






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